Entrevista: Dolores Curia
Si bien algunas provincias cuentan con su propia legislación en la materia, hasta la sanción de la Ley de Educación Ambiental no existía en Argentina una reglamentación que planteara una estrategia federal para generar conciencia y responsabilidad en relación al medio ambiente. En esta conversación la diputada Daniela Vilar explica por qué tanto esa ley como la flamante ley de Etiquetado Frontal conectan el activismo ecológico con un camino forjado por los feminismos. Y también explica qué tienen que ver el jugo en cajita con la soberanía alimentaria y la historia de su abuelo -verdulero y ex obrero de La Forestal- con el derrumbe de la mentalidad extractivista.
Cada vez que la politóloga y Diputada del Frente de Todos Daniela Vilar pronuncia las palabras “ambientalismo popular” -por caso, para explicar los horizontes que abre la flamante Ley de Educación Ambiental- no lo hace por inercia, ni con casete. La conexión entre la preocupación por el medio ambiente y una distribución de la riqueza más justa no es para ella una fórmula de corrección política, sino más bien el resultado de ideas absorbidas en la infancia. Vilar creció en un hogar donde también funcionaba una verdulería, la de su abuelo, además de una huerta y un gallinero. La casa de su niñez, ubicada en un barrio de Lomas de Zamora, es fruto del trabajo de su abuelo, santafesino, oriundo de Villa Guillermina y -desde los 8 años- obrero de La Forestal. Un niño inserto en “un sistema aún sin derechos laborales a la vista”.
Hacia principios del siglo XX La Forestal explotó los bosques que había en Chaco y el norte de Santa Fe. Esa compañía inglesa se dedicaba a extraer el tanino del quebracho -llegó a ser la primera productora de esa sustancia en el mundo- y fue trasladando sus operaciones al ritmo del agotamiento de los bosques nativos. Fundó cerca de 40 pueblos, alrededor de unas 30 fábricas. Esa empresa fue también la responsable de una de las represiones más sangrientas de la historia nacional -contra sus obreros, que intentaban sindicalizarse- conocida como la Masacre de La Forestal. La empresa dejó la Argentina en los años 60 y vació las ciudades que había creado, luego de talar casi el 90% de los bosques y de causar un proceso de desertificación y un daño ecológico calculado en 3.000 millones de dólares. Hoy, dice, Daniela Vilar, mencionar a La Forestal, equivale a hablar de un emblema del extractivismo y de la explotación laboral en el campo. El abuelo de Daniela no lo describía en esos términos, “sino como algo que le tocó vivir: no se sentía una víctima de eso. Pero sí sentía que todo el monte chaqueño había sido saqueado por La Forestal”. Para Daniela los relatos de su abuelo aquel trabajo son su primer recuerdo de algo que podría hoy ubicar como una conciencia ambiental gestada en conversaciones hogareñas: “Crecí escuchando lo terrible de que se hubiera permitido que esta empresa, no solamente tuviera políticas extractivistas y destruyera los bosques nativos de nuestro bosque, sino que también explotara a sus trabajadores como lo hizo. Una vez que agotaron los bienes naturales, se retiraron hacia una zona de África y los pueblos quedaron devastados. Lo que hoy conocemos como pasivo ambiental fue enorme”.
El lugar de la conciencia sobre los temas ambientales en tu historia nos sitúa para hablar de la importancia de la Ley de Educación Ambiental, sancionada a mediados de mayo e impulsada por el Ejecutivo. ¿Cómo se logra que una ley de estas características no se limite a temas quizás más superficiales, como hacer compost o separar reciclables? ¿Cómo lograr que tenga esta mirada holística, que aparece en tu propia historia?
-La ley propone que se construya una estrategia nacional de educación ambiental, que va a ser coordinada por los Ministerios de Ambiente y Educación. Esas son las áreas que van a ejecutar la política, pero van a estar asesoradas por un Consejo Consultivo que tiene que estar integrado por las comunidades campesinas e indígenas que participaron de la creación de la ley y las que no también, por los movimientos sociales, por las organizaciones de agroecología, los sectores campesinos, educadores, gremios de todo el país, con una impronta federal bien marcada. Con lo cual la currícula a partir de esa estrategia se va a ir modificando de manera progresiva, para que además esta perspectiva ambiental no sea superficial o acotada. La educación ambiental es una perspectiva que se tiene que incorporar a toda la currícula educativa. Esos contenidos además van a ser integrados a la educación superior, universitaria, y a los institutos de formación docente. Porque la idea es no sólo crear consciencia con nuestras niñeces sino también con nuestros docentes: formadores, educadores populares, actores que son clave en el desafío de construir una nueva modalidad, que necesariamente sea distinta a la que nos trajo hasta acá, a este modelo depredatorio, individualista, excluyente, generador de pobreza, patriarcal.
La ley obtuvo en Diputados 215 votos a favor, 7 en contra y 18 abstenciones. Y 58 positivos en Senadores. ¿Por qué creés que generó ese consenso político? ¿Y qué críticas hubo?
–El consenso es fruto de un trabajo legislativo muy intenso, que tuvo como prioridad construir la educación ambiental como política de Estado. Esa “mirada holística” es parte de los acuerdos de donde partíamos para pensar esta ley. Las diferencias en el debate tuvieron que ver más con las discusiones desde la matriz. Es obvio que hay sectores que nos manifiestan que con la educación ambiental no alcanza, que se necesitan cambios estructurales. Pero en definitiva es por eso que estamos impulsando este paradigma de ambientalismo popular. Los paradigmas no se cambian solos, tienen que haber trabajo y militancia, y el empuje para construir sentidos comunes contrahegemónicos. Nosotros entendemos que no se puede construir un país más justo si no se diputan intereses reales, si no se lucha contra la desigualdad. Trabajamos para construir un modelo de país, una manera de hacer política, que cuide el ambiente con la gente adentro. Es la lógica de justicia social que llevamos a los barrios. La ley de Educación Ambiental era una deuda. Ahora ya tenemos una política ambiental concreta y tenemos que trabajar para su implementación.
¿Cómo se aborda la cuestión puntual de la minería y, en general, la lógica extractivista sobre los recursos naturales?
-Propone a grandes rasgos crear una estrategia sobre la concepción del ambientalismo. Yo siempre le agrego la palabra “popular” porque me parece que es necesario que esa construcción nunca deje afuera a las personas: los pibes, las pibas, la familia, la ciudadanía en general. El abordaje se va a ir construyendo y las problemáticas son distintas. Yo te hablo con conocimiento de causa de las problemáticas del conurbano que seguramente no son las mismas de Chubut o San Juan. Los contextos son distintos. Por lo tanto entendemos que esta ley nos va a permitir que las sociedades se involucren en la construcción del ambientalismo popular, que tengan participación activa, y eso implica escucha activa por parte del Estado. La ley busca construir consensos de cómo cada comunidad entiende la mejor forma de cuidar sus bienes naturales, o abordar las políticas públicas de desarrollo.
NIÑXS, PRIMERO
Cuando La Forestal dejó la Argentina, el abuelo de Daniela Vilar se fue a vivir al conurbano bonaerense. Con 15 años, se asentó en el barrio cercano a la Quema, un basural a cielo abierto, y ahí logró sobrevivir hasta que la Constitución del 49 le dio la oportunidad de tener derechos. Esta es la razón por la que mi familia es profundamente peronista. Pudo dejar atrás esa vida de explotación para trabajar en fábricas, luego armar su propia verdulería y tener su casa con su familia. En esa casa yo tuve la posibilidad de ir a la escuela y a la universidad pública. Mi hermano y yo somos la primera generación universitaria. Mi historia y la de mi familia están muy vinculadas a la idea de soberanía de esos bienes comunes naturales. Por eso creo que el peronismo no puede pensar el ambientalismo desligado de los procesos políticos, económicos y sociales”.
¿Cuál es tu definición de la soberanía alimentaria?
-En Lomas; el lugar donde nací, me crié, conocí a mi compañero de vida; integro el equipo de Martín Insaurralde y hace tiempo venimos trabajando en la implementación de políticas públicas cocreadas con la ciudadanía con una perspectiva ambiental. No tenemos una mirada solamente desde el conservacionismo, sino esa mirada holística que mencionábamos. Como dice Máximo Kirchner, queremos un ambientalismo popular que cierre con la gente adentro. Vemos muy claras las relaciones entre problemas ambientales y pobreza. La pobreza profundiza los temas ambientales. Entonces sin duda los problemas ambientales que detectamos los y las militantes territoriales del conurbano son, por ejemplo, que los pibes y pibas tienen alto grado de plomo en sangre, producto de estar en contacto con la basura. Por eso trabajamos en políticas de separación en origen, recolección diferenciada, y trabajamos con las cooperativas de cartoneros. Otro problema es el acceso al hábitat digno. Por eso trabajamos en políticas de urbanización de los barrios populares. Otro problema es la alimentación de nuestras niñeces. Durante el 2017, detectamos en una comunidad de niños y niñas que asisten a jardines comunitarios, graves problemas de malnutrición. Vivimos una crisis durante el gobierno de Mauricio Macri de un crecimiento de la vulnerabilidad de un gran sector de nuestro país de los índices de pobreza, de desocupación, de marginalidad. Llevamos adelante operativos en los que los niños y las niñas fueron atendidos en la unidades sanitarias de nuestros barrios para crearles la historia clínica. Muchos no la tenían. También se medía talla y peso, y resultó que muchos de los casos ambas variables no eran acordes a la edad, al desarrollo que deberían tener debido a problemas de mal nutrición. Recorrimos jardines junto con Miryam “Kita” Gorbán, creadora de las cátedras de soberanía alimentaria en nuestro país, y fuimos detectando cuáles eran las situaciones.
¿Y qué hicieron frente a esa situación?
-Hicimos otras propuestas para la alimentación en los jardines. Por ejemplo, sacamos el jugo en polvo y en cajita de la merienda. Primero algunas personas nos cuestionaron: “¿cómo les sacan a nuestros chicos el jugo?”. Hasta que todo el trabajo de brindar información sobre nutrición a las familias ayudó a que estuvieran de acuerdo. El problema es que no sabían que eso les estaba generando problemas de nutrición a sus hijos. Entonces cuando nosotros hablamos de políticas de soberanía alimentaria, hablamos de solucionar el primer gran problema que es la alimentación de nuestros niños y niñas. Comer rico y saludable no tiene que ser un privilegio sino un derecho. En ese sentido la Ley de Etiquetado Frontal es una herramienta que sirve para esto porque brinda información clara, transparente y advierte a las familias sobre los excesos de ciertos elementos. También en Lomas incorporamos la política de las huertas agroecológicas en los jardines comunitarios. Es una estrategia pedagógica a partir de la huerta, porque los niños y niñas empezaron a incorporar a través de experiencia lúdica estos conocimientos y llevar otras estrategias alimenticias a sus hogares.
La Ley de Educación Ambiental deja en claro que no alcanza con tener una materia sobre el tema en las escuelas, sino que aporta una perspectiva desde la cual mirar todos los programas educativos. ¿Ves puntos de contacto con la Ley de Educación Sexual Integral, en cuanto a la transversalidad?
-Es similar en ese sentido, sí. Apunta a una transversalidad, y a ir más allá de la educación formal, llegar a los barrios. Esta ley también quiere la apropiación de la educación popular para llevarla a los lugares en donde se dan esas prácticas pedagógicas Y también como la ESI, va a ser monitoreada por un Consejo amplio, diverso, con sectores de la Academia, de la militancia territorial. Creo que el ambientalismo tiene que recorrer el mismo camino que el feminismo. Así como nosotras, las feministas del campo popular, decimos que nos tenemos que poner esas lentes violetas, todo lo que las sociedades hagamos, también debería incorporar el prisma del ambientalismo popular. Tenemos que asumir, una suerte de lentes, no sé si llamarlos “verdes”, pero parecidos a los que el feminismo propone, para que la perspectiva del ambientalismo popular sea una perspectiva transversal, en la que descubras la necesidad de construir políticas de industria con ese prisma, políticas de trabajo y educación con ese prisma. Quienes militamos el ambientalismo popular deberíamos tener como referencia el feminismo, para construir un camino, en el que las disidencias, las adversidades, sean superadas a fuerza de unión, de lucha, y también de abrazo.